¿Vigilancia sin orden judicial?, las fallas del FBI

De acuerdo a un fallo recientemente dado a conocer, el tribunal de vigilancia de la nación determinó que el FBI había cometido “violaciones generalizadas” a la privacidad de personas en sus actividades de búsqueda de información en repositorios de correos electrónicos recopilados sin previa orden judicial, señaló The New York Times.

Por otro lado, otro tribunal de apelaciones calificó como ilegal, en un caso diferente, el hecho que otro programa relacionado con vigilancia estatal recopilara registros masivos de llamadas telefónicas nacionales. Sin embargo, a pesar de tal clasificación, se negó a revocar las condenas a los acusados en un caso de financiación del terrorismo a pesar de que tales condenas fueron producto de un sistema de vigilancia ilegal.

Estos programas de vigilancia surgieron como parte del proyecto “Stellarwind”, que implicó la vigilancia secreta sin orden judicial y recopilación masiva de datos ordenada por el presidente George W. Bush luego de los ataques del 11 de setiembre de 2001.

Estos programas han ido evolucionando con la finalidad de lograr cierto asidero legal. En este sentido, el fallo dado a conocer hace unos días se centró en el caso de un programa de escuchas telefónicas sin orden judicial en funcionamiento desde el 2008 en base a la sección 702 de la Ley de enmiendas FISA. Este dispositivo normativo permite al gobierno recopilar información sin orden judicial de no ciudadanos con fines de inteligencia extranjera. Tienen permitido realizar esta recopilación aun cuando estos no ciudadanos se hayan comunicado con ciudadanos estadounidenses.

Es claro que este tipo de programas son un claro atentado ante los derechos de privacidad de los individuos involucrados.

En 2018, el Congreso autorizó nuevamente la Sección 702 de la Ley de enmiendas de la FISA, bajo la consideración que el Tribunal de Vigilancia de Inteligencia Extranjera apruebe reglas cada año que limiten la forma en la que se podían consultar los datos de los repositorios de correos electrónicos recopilados sin previa orden judicial. No obstante, James E. Boasberg, juez principal de la Corte FISA, señaló que a pesar de tales “limitaciones de consulta” el FBI continuaba realizando “violaciones generalizadas del estándar de consulta”. De acuerdo a este juez, la mayoría de las consultas que realizaba el FBI en estos repositorios eran “consultas amplias, sin sospechas”, dado que por lo menos, debe ser razonablemente probable que se recupere información vinculada a inteligencia extranjera o evidencia de un crimen.

De acuerdo al juez Boasberg, se debía establecer un nuevo sistema que exija a los analistas del FBI proporcionar una justificación por escrito que explique cómo es que sus búsquedas en tales repositorios cumplen con los estándares de búsquedas admitidos por ley. Quizás esta obligación formal ayude a evitar búsquedas más allá de lo que tienen permitido.

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Marilú Lazo
Abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Cuenta con experiencia en asesoría corporativa, así como en materia de protección de datos personales y nuevas tecnologías.

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