Los efectos negativos de las “Geovallas” en materia de privacidad

Las órdenes de geolocalización son una técnica de investigación utilizada por la policía, recientemente, para rastrear la ubicación (en un determinado perímetro, «geovalla») de dispositivos móviles que estuvieron cerca de la escena del delito en el periodo de tiempo en el que se presume, éste fue cometido.

Ante el suceso de un delito, la policía identifica la hora y la ubicación de lo sucedido y posteriormente solicita a Google identificar los dispositivos que estuvieron en el área en la hora indicada. Usualmente, las empresas de tecnología otorgan información de los dispositivos en el área, pero no los datos personales de los usuarios vinculados a ellos. De igual forma, la policía puede solicitar otros datos como el correo electrónico o el nombre del titular de la cuenta vinculada al dispositivo. Lo curioso es que, en vez de que la policía mediante sus procedimientos de investigación identifique a un grupo de sospechosos y luego valide su ubicación son estas solicitudes de geolocalización, hace el procedimiento al revés, y primero, pide los datos de todos los dispositivos que se encontraban alrededor de la escena del delito, para, en base a esa información, proceder con el descarte de los sospechosos. Sin duda, la inversión de estos procedimientos, puede parecer “más célere”, pero, ciertamente, involucra la información de muchas personas que no tienen nada que ver con el delito en cuestión.

Expertos en privacidad señalan que esta técnica de investigación viola la privacidad de los individuos en tanto las somete a un registro inconstitucional. Prueba de ello es que recientemente, dos jueces de Chicago denegaron solicitudes de órdenes de geolocalización y cuestionaron si es que estas cumplen con las garantías de la cuarta enmienda para registros, señaló, Wired. Por otro lado, a principios de este año, el asambleísta del estado de Nueva York, Don Quart y Zellnor Myrie, presentaron proyectos de ley que evitan que las autoridades utilicen datos recopilados de las órdenes de geolocalización como medios de prueba en la sala de audiencias. De igual forma, evitaría que la policía utilice datos anónimos que pueda recopilar de aplicaciones “aparentemente inocuas”.

De acuerdo a las compañías tecnológicas, esta práctica es bastante común. En ese sentido, Google informó que en 2018 había registrado un aumento de 1500% de solicitudes geolocalización en comparación con el año 2017. Pero no es solo Google la que recibe estas solicitudes, también las reciben Apple, Uber y Snapchat.

De acuerdo a Quart, las órdenes de geolocalización “son inadmisiblemente amplias y pueden recopilar datos sobre los transeúntes”. De igual forma, señaló “la policía no tiene idea de cuántas personas se van a capturar la información […] y los jueces a quienes se les pide que aprueben estas solicitudes, no tienen suficiente información para tomar una decisión informada”.

En el mismo sentido, se señala que las solicitudes de “Geovalla” implican un alcance de dispositivos demasiado amplio, de esa forma, la información de muchas personas que no tienen que ver con el caso, estarán comprendidas en tales solicitudes, incluso si el perímetro de búsqueda se restringe a unas pocas cuadras.

En sede nacional, tenemos el DL 1182, que regula el uso de datos derivados de las telecomunicaciones para la identificación, localización y geolocalización de equipos de comunicación que habilita a la Policía Nacional a realizar un requerimiento de información (sin orden judicial expresa) a los concesionarios de servicios públicos de telecomunicaciones con la finalidad de que le otorguen los datos de localización o geolocalización (mas no, intervención de las comunicaciones). Siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

  • Que se trate de un delito flagrante
  • Cuando el delito investigado se sancione con una pena superior a los cuatro años de privación de libertad.
  • Que el acceso a los datos constituya un medio necesario para la investigación.

Este decreto legislativo también fue materia de críticas dado su potencial para afectar la privacidad, intimidad y autodeterminación informativa de las personas y para excluir, tal como lo menciona Hiperderecho, “los datos de tráfico como parte de la protección” de la inviolabilidad y el secreto de las telecomunicaciones. Pues, en efecto, de acuerdo al artículo 6 del mencionado decreto, la solicitud de los datos de geolocalización “no implica” una afectación al secreto de las telecomunicaciones.

Sin duda, el alza de la criminalidad ha impulsado la creación de este tipo de normas, pero, de igual forma es importante ponderar los efectos en la privacidad de la información de las personas involucradas.

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Marilú Lazo
Abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Cuenta con experiencia en asesoría corporativa, así como en materia de protección de datos personales y nuevas tecnologías.

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