La identidad digital descentralizada está en riesgo en España

A raíz de la reciente publicación del decreto ley en materia de administración electrónica, publicado en el Boletín Oficial del Estado de España, han sido diversas las opiniones concluyendo, en líneas generales, que dicha norma constituye un retroceso digital para el país al dejar sin legitimidad la creación de una identificación digital que no esté centralizada en manos del gobierno, sino que más bien esté basada en una blockchain.

Asimismo, muchos de los críticos han coincido en mencionar que la medida tiene un propósito subyacente consistente en desbaratar los planes de los ciudadanos de Cataluña en crear una República Digital Catalaña que los dote de control para el manejo de sus datos a través de la cadena de bloques.

El decreto contempla, entre otros aspectos, medidas dirigidas a dejar claramente establecido que el DNI calificará como el único documento válido para acreditar los datos personales de su titular y disposiciones que prohíben el uso de servidores ubicados fuera de la Unión Europea (UE) para las administraciones públicas, desconociendo, en nuestra opinión, las eficiencias y ventajas que ello puede conllevar para una nación; en tanto se ponderen también las medidas destinadas a salvaguardar la integridad y confidencialidad de dicha información.

Resulta importante destacar las impresiones de expertos en la materia; por citar algunos, el informático Benjamí Villoslada, quien creemos es enfático al indicar que España está adoptando medidas que son contrarias al estándar descentralizado de identidad digital que el mundo ha puesto en marcha, concretamente, ha mencionado que dicha posición va en contra la razón de existir de la SSI (identidad soberana), consistente en que nuestra identidad no esté controlada por nadie más que nosotros mismos; y Cris Carrascosa, quien trabaja en la iniciativa Blockchain de la UE, y precisa que la identidad digital soberana en España sobre blockchain es un modelo de negocio que no tendrá validez alguna. Posiciones claras y fuertes que podrían poner en evidencia la posición que mantiene el gobierno de Pedro Sánchez en relación a esta nueva tecnología no sólo en lo que respecta a la creación de una identidad digital, sino también en los sistemas de firma electrónica de dicho país.

Según parece, existe el riesgo de que el decreto sea interpretado como una prohibición general para el uso de tecnología blockchain en sistemas de identificación y firmas electrónicas, amparándose en la ausencia de un marco normativo que regule ad hoc los riesgos que supone dicha tecnología en cuanto al manejo de datos y seguridad pública. Si bien existe una necesidad de proteger la confidencialidad de la información y otros fines públicos, estamos convencidos también de que los estados y, en general, la administración pública debe explorar las medidas que permitan consensuar dichos fines con la eficiencia y valor agregado que ofrecen tecnologías como la blockchain, constituyendo ello temas de relevancia en las agendas estatales.  

- Aviso Publicitario-
Erika Rios
Erika es abogada por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Cuenta con experiencia en asesoría regulatoria bancaria y transacciones financieras, principalmente en financiamientos con entidades financieras locales y extranjeras. Actualmente trabaja en Vodanovic Legal, estudio jurídico experto en temas de derecho financiero. Se especializa en Regulación Bancaria y Fintech.

Similares

es Spanish
X