El fin del anonimato: el caso de Israel

Las empresas que desarrollan e implementan sistemas de reconocimiento facial cada vez están ganando más “clientes” ente las fuerzas policiales alrededor del mundo. Su mercado más asiduo, por supuesto tendría que ser Estados Unidos, pero no por mucho se alejan mercados como los de China o Rusia.

El salvaguardo de la seguridad es su bastión más importante. ¿El derecho a la intimidad? ¿la privacidad?, ¿la libertad de expresión?, ¿el derecho a la reunión? ¿el derecho al anonimato? (aunque este último no tenga reconocimiento positivo). De acuerdo a las fuerzas del orden, todos estos son derechos que al ponderarse con el bien jurídico “seguridad” terminan siendo dejados de lado. Ciertamente garantizar la seguridad de una ciudad implica sacrificios, pero la clave está en que sus métodos, cuando menos cumplan con criterios de razonabilidad y efectividad.

En el caso de Israel, la policía está promoviendo un proyecto de ley que les permita el uso de sistemas de reconocimiento facial en espacios públicos, sin la necesidad de una orden judicial. De esta forma, de acuerdo a Haaretz podrán cotejar las imágenes que capten mediante videovigilancia, con las fotografías que tengan en sus bases de datos.

¿El problema? Además del hecho que estos sistemas tienen bastantes observaciones en materia de privacidad y discriminación (dadas sus conocidos sesgos raciales con población afrodescendiente y asiática). Lo más preocupante es que el proyecto no ha abordado la materia de privacidad como se esperaría, ¿por qué? De acuerdo a expertos, la razón podría ser que buscan alimentar su base de datos biométrica mediante este sistema.

¿Argumentos a favor del proyecto? 1. “El proyecto refleja el equilibrio entre la protección de la privacidad y el interés público”, 2. “la información recopilada se utilizará de una manera que no cause daño”.

¿Argumentos en contra? 1. “los expertos advierten que la nueva ley permitirá a la policía establecer su propia base de datos biométrica, que será más avanzada que la del gobierno” (aunque esta última ya integra huellas dactilares y contornos faciales), 2. No se establecen reglas relativas al almacenamiento y uso de los datos, 3. Es una amenaza a la privacidad, 4. Uso de información sin supervisión judicial.

Es muy difícil establecer una posición en la dicotomía seguridad y privacidad, muchos señalan el famoso refrán “quien nada debe nada teme” para promover el uso de estos sistemas, bajo el entendido que si es que nuestra actividad no tiene nada que temer a la ley, no debería importarnos que nos graben o que almacenen nuestros datos. Sin embargo, esto no es más que una disminución del significado de la privacidad, pues no solo se le “concibe como una forma de secreto, sino que además como una forma de control, retiro, la posibilidad de aislarse y ejercer poder respecto de uno mismo[1]. Posiblemente no tenga nada que temer, simplemente se tiene el derecho de no querer compartir.

Por supuesto, existen casos más graves, en los que “no se quiere compartir” porque se teme represalias ante la participación en una protesta, por ejemplo. Existen muchos casos en los que el derecho a la protesta y a la libertad de expresión se ven amilanados por la afluencia de estos sistemas de identificación.

[1] VARGAS, Consuelo,  “Derecho a la privacidad y vigilancia masiva”, 2018, pág. 28. http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/170326/Derecho-a-la-privacidad-y-vigilancia-masiva.pdf?sequence=1&isAllowed=y

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Marilú Lazo
Abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Directora del Blog The Crypto Legal, cuenta con experiencia en asesoría corporativa, protección al consumidor, así como en materia de protección de datos personales y nuevas tecnologías.

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