¿El dinero electrónico realmente funciona como instrumento de inclusión financiera en el Perú?

En este contexto de transformación digital en el que vivimos, impulsado por la pandemia del COVID-19, es que cobran mayor relevancia determinados instrumentos que brindan solución de impacto inmediato como lo es el dinero electrónico; el uso de este instrumento bien podría evitar factores de riesgo, evitar colas en los bancos, permitir realizar transacciones sin tener que salir de casa e incluso se podrían reducir riesgos asociados al uso de dinero en efectivo (robos, pérdidas, falsificaciones, entre otros). Sin embargo, estas no son las únicas oportunidades que trae consigo el dinero electrónico, sino que, a mi parecer, su principal propósito es la de potenciar la inclusión financiera en el país.

Definamos el Dinero Electrónico

El 21 de diciembre de 2012 se publicó la Ley N° 29985, Ley del Dinero Electrónico, la cual define al dinero electrónico como todo valor monetario representado por un crédito exigible a su emisor, debiendo cumplir con las siguientes características:

  1. Almacenado en un soporte electrónico, como un teléfono celular;
  2. Aceptado como medio de pago por entidades o personas distintas del emisor y tiene efecto cancelatorio, es decir que puede servir para pagar préstamos o transacciones de compra y venta de bienes y servicios;
  3. Es emitido por un valor igual a los fondos recibidos;
  4. Es susceptible de ser convertido a dinero en efectivo según el valor monetario del que disponga el titular, al valor nominal; y,
  5. No constituye depósito y no genera intereses, toda vez que la emisión del dinero electrónico se produce a través de entidades no bancarias, que son la Empresas Emisoras de Dinero Electrónico.

Asimismo, el Banco Central de Reserva del Perú, a través de la Circular 046-2010, definió al dinero electrónico como el valor almacenado en forma electrónica en un dispositivo tal como una tarjeta chip o un disco duro en un computador.

Por su lado, el Fondo Monetario Internacional indica que el dinero electrónico es un instrumento de pago cuyo valor monetario se encuentra en un medio electrónico; definición que se condice con la precisada en el Reglamento de la Ley 29985, la misma que considera al dinero electrónico como valor monetario almacenado en soportes electrónicos diseñados para atender usos generales y no aquellos para usos específicos, tales como tarjetas de compra, tarjetas de transporte público y otros similares[1].

Por tanto, el dinero electrónico fue creado como una herramienta que permite que las personas que no tienen acceso a agentes de la banca tradicional, viven alejadas de las zonas urbanas, o incluso que por razones culturales puedan formar parte de la inclusión financiera.[2]

De este modo, comprendida la definición y la propuesta de su creación, es que debemos acotar que dicho instrumento innovador fue correctamente respaldado, ya que este fue promovido por la Asociación de Bancos del Perú (“ASBANC”), quienes crearon el Modelo Perú,  una plataforma de dinero electrónico operada por Pagos Digitales Peruanos, el cual permite cargar dinero en efectivo en un teléfono celular y realizar transacciones financieras diversas, como enviar y retirar dinero sin necesidad de contar con una cuenta bancaria[3].

Sin embargo, este modelo e iniciativa no ha alcanzado los niveles esperados producto de: i) la baja aceptación por el público y al reducido número de establecimientos que aceptan este medio de pago; y, ii) los altos costos regulatorios; justamente sobre el último punto es que tenemos por un lado, la Ley N° 29985 y por otro la Ley N° 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros que establece que las Empresas Emisoras de Dinero Electrónico deben tener un capital social mínimo, previsto a fines del 2019, de S/ 2,490,595[4]. Adicionalmente, el Reglamento de Operaciones con Dinero Electrónico, aprobado mediante Resolución S.B.S. N° 6284-2013, establece que las Empresas Emisoras de Dinero Electrónico deben constituir fideicomisos por el total del dinero electrónico emitido, lo cual, a todas luces, resulta muy costoso.

En ese sentido, mientras no se flexibilice la carga regulatoria (en específico, flexibilizar los requisitos referidos al capital social mínimo y la constitución de un fideicomiso) que soportan las empresas emisoras de dinero electrónico nos veremos limitados ante la disposición de su uso y oportunidad; a julio del 2019, contábamos con apenas cuatro emisores electrónicos en el Perú por lo costoso que ello significaba.

Gran alianza en expansión y alcance: servicios de telecomunicaciones

Si por un lado tenemos una propuesta de normas rígidas, por otro extremo tenemos una oportunidad en torno a la inclusión financiera en el Perú, y por tanto a la inclusión social.

De este modo, entre las disposiciones complementarias de la Ley N° 29985 se dispone que el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (“Osiptel”) será la entidad competente para dictar las normas y disposiciones necesarias que garanticen el acceso a los servicios de telecomunicaciones por parte de las empresas que prevean los servicios financieros.

El 16 de setiembre de 2013 se publica la Resolución de Consejo Directivo N0126- 2013-CD/OSIPTEL, en donde se definen los conceptos básicos del acceso de los emisores de dinero electrónico a los servicios públicos de telecomunicaciones, así como también se establecen las condiciones en las que deberán sujetarse los contratos de acceso que se celebren entre los emisores del dinero electrónico y las empresas concesionarias del servicio público de telecomunicaciones.

La norma también exige la obligatoriedad de acceso, por lo que las referidas empresas de telecomunicaciones no podrán negar el acceso de los emisores del dinero electrónico a su red, siempre que estos últimos cumplan con las condiciones necesarias para tal fin. Las empresas de telecomunicaciones deberán permitir el acceso de sus usuarios a los servicios brindados por los emisores de dinero electrónico dentro de su área de cobertura.

Fuente: Vladimir Rodríguez, 2014: “Dinero Electrónico en Perú: ¿Por qué es importante en la inclusión financiera?

La normativa antes referida exige la obligatoriedad de acceso, por lo que las empresas de telecomunicaciones no podrán negar el acceso de los emisores del dinero electrónico a su red, además las empresas de telecomunicaciones deberán permitir el acceso de sus usuarios a los servicios brindados por los emisores de dinero electrónico dentro de su área de cobertura. Estas disposiciones no hacen más que alcanzar a aquellas personas que no tienen acceso a la banca tradicional, pero si cuentan con servicios de telecomunicaciones móviles.

Por tanto, la decisión de considerar a los servicios de telecomunicaciones como vehículo de inclusión es totalmente acertada dada la realidad actual de nuestro país, ya que el uso de los servicios de telecomunicaciones para brindar servicios financieros a través de los emisores de dinero electrónico permitirá que estos accedan a población que actualmente es desatendida.


Notas: 

*Las opiniones expresadas en este artículo son las del autor y no reflejan necesariamente el punto de vista de los administradores del blog The Crypto Legal ni de la asociación Lawgic Tec.

[1] Artículo 1 del Reglamento de la Ley 29985, aprobado mediante Decreto Supremo N° 090-2013-EF

[2] Sánchez, M. (junio, 2013). El dinero electrónico como instrumento de inclusión financiera. Capitales, 59: 6-7.

[3] https://pagosdigitalesperuanos.pe/modelo-peru/

[4] Circular N° G-202-2019 publicada el 4 de julio de 2019 en el Diario Oficial El Peruano.

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Aaron Lopez de Castilla
Abogado egresado de la Universidad de Lima, cuenta con estudios de especialización en temas relacionados con Nuevas Tecnologías, Protección de Datos Personales, Startups y Fintech. Actualmente es asociado del área de Digital Law del estudio Ontier Perú. Abogado Especialista en Derecho Empresarial, Protección de Datos Personales y Nuevas Tecnologías.

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