Derecho al olvido, a propósito del caso de Natalia Denegri

 ¿Si está en internet no se olvida? 

Los jueces Claudio Kiper, Liliana Abreut y José Benito Fajre confirmaron la sentencia del Juzgado Nacional de primera instancia de la ciudad de Buenos Aires en la que se reconoció el perjuicio causado a Natalia Denegri por el registro de artículos y videos de los años 90 en las que se le vinculaba con el empresario argentino Guillermo Coppola. En aquellos años ella fue víctima de implantación de pruebas falsas y de la privación de su libertad de manera ilícita, señaló Ámbito.

En ese sentido, se ordenó a Google la desindexación de los enlaces que exhibían videos, imágenes y artículos relacionados con aquel episodio de su vida. Esta es la primera decisión judicial que reconoce el derecho al olvido en Argentina y será precedente en la jurisprudencia de dicho país sobre la responsabilidad de los buscadores de internet, versus la de los propios editores de las páginas web que alojan el contenido lesivo para los demandantes, en este caso, para la señora Denegri.

De acuerdo a los jueces, la información que se ordenó «desindexar» carecía de interés periodístico. Con lo cual, no suponía un supuesto de censura. Sin embargo, sí suponía una afectación al derecho a la honra de la señora Denegri. Al respecto, ¿pueden los redactores de páginas web mencionar datos personales en sus sitios web de manera irrestricta? De acuerdo al numeral 12 del artículo 14 de la Ley de protección de datos personales peruana, no es necesario el consentimiento del titular de datos personales cuando el tratamiento se realiza en el ejercicio constitucionalmente válido del derecho fundamental a la libertad de información. ¿Libertad de información? La información consignada debe tener un cariz informativo, debe ser de relevancia para la opinión pública.

La Dirección General de Protección de Datos Personales peruana, mediante, Resolución No. 2283-2018-JUS/DGTAIPD señaló como criterios para analizar la pertinencia para la tutela del derecho de cancelación y oposición de datos personales (ambos con los mismos efectos que el derecho al olvido):

    (i) Si la información publicada mantiene interés público actual.

    (ii) La relevancia pública del reclamante.

Con lo cual, debe quedar claro el parámetro de análisis referido al interés de la opinión pública.

Por su lado, la representación de Google en Argentina señaló que “es importante un debate más profundo sobre esta decisión para evaluar las consecuencias de habilitar la desindexación de contenido legal relacionado a hechos de amplia repercusión pública”.

El primer caso de reconocimiento del derecho al olvidó sucedió el 13 de mayo de 2014, con la sentencia del tribunal de justicia española sobre el famoso caso Costeja. El ciudadano español demandó a Google en vista de que, al hacer una búsqueda con su nombre, el buscador arrojaba la edición online del periódico La Vanguardia en el que se había consignado dos anuncios de una subasta de inmuebles relacionada a un embargo por deudas a la Seguridad Social. El propietario de estos inmuebles subastados por embargo era el señor Costeja. En 2009 decidió contactar con La Vanguardia, pero ante su negativa se dirigió a la Agencia Española de Protección de Datos. Sucede que la deuda con la Seguridad Social había quedado totalmente saldada muchos años antes, con lo cual, la información contenida en tales links era irrelevante y evidentemente perjudicial para su reputación.

No obstante, es importante tener en cuenta que el derecho al olvido no es absoluto. Tal como lo señaló el Tribunal Supremo alemán, estará sujeto a desindexación aquel contenido que haya superado la evaluación individual de la afectación de los intereses de los individuos versus los de la opinión pública. En este sentido, se mencionó a manera de ejemplo el caso de una institución caritativa de Hesse (Alemania) que solicitó la eliminación de informes de prensa sobre problemas económicos de la entidad. Sin embargo, se valoró que, en este caso, el interés público primaba sobre la autodeterminación informativa de esta institución caritativa.

De igual forma, en sede peruana, se ha registrado muchos casos de demandas de habeas data para eliminar información en la red, así como reclamos ante la Autoridad de Protección de Datos Personales con los mismos fines. Sin embargo, tal como se menciona en el portal Ojo Público, estas acciones pueden afectar duramente el interés público. Esto fue lo que sucedió con el “Caso Arévalo”, un ciudadano con antecedentes en la dirección de antidrogas de la policía con presuntos nexos con el narcotráfico que envió cartas notariales a diversos medios de comunicación a fin de que retiraran las notas periodísticas que lo mencionaban, posteriormente inició acciones en el Poder Judicial y en la autoridad de datos. En este sentido, el derecho al olvido puede ser un arma de doble filo, con lo cual, su protección debe implicar un análisis profundo de cada caso en concreto.

Un paso previo, ¿por qué las solicitudes de tutela pueden dirigirse directamente frente a Google (el buscador) y no frente a los editores de los sitios web? Dado que son finalmente ellos los que consignaron esa información, eliminar la información de tales sitios implicaría eliminar el problema de raíz. No obstante, sucede que no existe ninguna obligación para los titulares de datos para dirigirse primero frente al editor del sitio web y en su defecto al buscador, pueden realizar sus reclamos ante cualquiera de ellos indistintamente. Por otro lado, el denominado efecto “hipervisibilizador” del buscador de Google podría ser más perjudicial para el titular del dato personal que la página web que contiene sus datos personales. Claramente, sin el buscador de Google, la información que se encuentra en las páginas web no tendría el mismo alcance, tanto en el número de personas que pueden acceder a esa información como en la permanencia en el tiempo de este contenido.

Sin duda, este tema tiene múltiples aristas por abordar, pero el análisis de cada nuevo caso nos puede ayudar a consolidar por lo menos algunas de ellas.


*Las opiniones expresadas en este artículo son las del autor y no reflejan necesariamente el punto de vista de los administradores del blog The Crypto Legal ni de la asociación Lawgic Tec.

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Marilú Lazo
Abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Cuenta con experiencia en asesoría corporativa, así como en materia de protección de datos personales y nuevas tecnologías.

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