Datos personales y el retiro del 10% desde las AFP en chile

Con fecha 30 de junio del presente año, se publicó la ley Nº 21.248 que, a través de una reforma constitucional, estableció la posibilidad del retiro de un determinado monto, inicialmente un 10%, desde las cuentas de capitalización individual del sistema de pensiones, manejado por las denominadas Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

Dicha reforma se realizó, con el objeto de posibilitar el acceso a estos fondos a las personas afectadas por las consecuencias económicas generadas por la pandemia de Covid-19. Su dictado fue objeto de muchas críticas desde diversos ángulos y por muchos especialistas.

En los primeros días de noviembre, el Ministerio de Hacienda efectuó un requerimiento a la Superintendencia de Pensiones en el sentido de solicitar los datos de todos aquellos quienes, hasta ese momento, habían efectuado el retiro de dichos montos. La entidad respondió enviando dichos antecedentes al Ministerio.

La reacción de la opinión pública fue contraria a esta entrega de datos. Como consta en la prensa, hubo reclamos de los ciudadanos, se efectuaron presentaciones ante la Contraloría General de la República, se estudiaba hacer solicitudes ante el Consejo para la Transparencia e, incluso, en la Cámara de Diputados se planteó la posibilidad de acusar constitucionalmente al Ministro de Hacienda.[1]

Ante la controversia, dicha cartera señaló que estaba dentro de sus facultades poder solicitar dicha información y que, además, la ley Nº 20.403[2] en su artículo 30, le facultaba para ello en el cumplimiento de sus funciones. En efecto, dicha norma autoriza a la subsecretaría de Hacienda, entre otras entidades, acceder a los datos del sistema de información de datos previsionales dispuesto en la ley Nº 20.255 (artículo 56), como también, requerir los datos personales de tipo previsional a los demás organismos públicos, quienes quedan obligados a proporcionarlos. Cierra también la norma estableciendo la responsabilidad por el manejo de dichos datos de las entidades que los procesarían y menciona el deber de secreto y reserva del personal.

Como ejemplo de norma similar, se mencionó el artículo 34 B de la ley Nº 19.728 que faculta acceder a los datos desde las denominadas Administradoras de Fondos de Cesantía (AFC). Asimismo, se señaló el caso de la subsecretaría de Previsión Social que, con el objeto de cumplir con la ley Nº 21.248 y en el ejercicio de sus atribuciones, solicitó información a la Superintendencia de Pensiones, la cual también le fue entregada.

Además, el Ministro de Hacienda agregó que la utilización de los datos era para fines meramente estadísticos y no tenía por intención el entregar dicha información recogida a otras entidades o instituciones.

Como se puede apreciar, estamos ante una nueva versión de un antiguo problema que aqueja a la legislación chilena, que es la recopilación y tratamiento de los datos personales en materias muy críticas, siendo en esta ocasión los relativos a datos previsionales.

Como primer punto, es claro que los servicios públicos pueden acceder a la información existente entre ellos y hacer una comunicación de ésta, siempre y cuando haya norma que los faculte, como el caso en específico. Esto hace más eficiente al Estado en el cumplimiento de sus funciones.

De hecho, el artículo 20 de la ley Nº 19.628, sobre protección de datos personales, señala que los organismos públicos pueden efectuar el tratamiento de datos personales respecto de las materias de su competencia y con sujeción a las reglas de la ley. En estos casos, no se necesitará el consentimiento del titular. Esta es la regla general que faculta el tratamiento de datos.

Sin embargo, el problema que se revela es la inexistencia de una norma especial en el cuerpo legal específico. El Ministerio de Hacienda alegó el ejemplo de las denominadas AFC establecidas en la ley Nº 19.728, norma que establece reglas precisas y determinadas para el manejo de los datos personales de los afiliados al sistema.

El artículo 34 de dicha ley, ordena la existencia de una base de datos de trabajadores sujetos al seguro, operado por la sociedad administradora, que contempla un registro general de información del trabajador, movimiento de cuentas individuales por cesantía y el archivo de documentos. El mantenimiento de registro es sólo para las funciones que establezca la ley y la Superintendencia, mediante una norma de carácter general. Cierra el punto señalando que el “único objeto” de la base de datos es servir de soporte a las funciones de la sociedad y a la realización de estudios de carácter técnico por parte de la Superintendencia.

El artículo 34 A señala que la Superintendencia puede requerir la información de la base de datos para cumplir los objetivos establecidos y realizar la fiscalización en las materias de su competencia.

El artículo 34 B faculta a las entidades allí mencionadas para pedir la información de las bases de datos a las AFC para el cumplimiento de sus funciones. A continuación, hace responsables a aquellas entidades del tratamiento y uso de esos datos, y establece el deber de reserva y secreto de su personal.

El artículo 34 C permite la posibilidad de muestras representativas de bases de datos, previa disociación (hoy anonimización) según la ley Nº 19.628 para objeto de investigación y estudios, y puesta a disposición de personas naturales o jurídicas, públicas o privadas.

Como podemos observar, es una ley específica que establece todo lo requerido, la finalidad del registro de datos, quiénes pueden pedir la información y para qué objetivos.

Con respecto a los datos previsionales no existe norma expresa en la ley respectiva, como ocurre en el caso de las AFC. En efecto, el cuerpo normativo que regula las AFP, el Decreto Ley Nº 3.500, no establece disposición alguna sobre la existencia de un registro de datos, sus finalidades y objetivos, tal como si lo hace la ley sobre la AFC. Las disposiciones sobre la Superintendencia de Pensiones (contenidas en dicho decreto ley) no señalan norma específica alguna al respecto, entregándole a la entidad en el artículo 94 Nº 2, la función general de “Fiscalizar el funcionamiento de las Administradoras y el otorgamiento de las prestaciones que éstas otorguen a sus afiliados, y el funcionamiento de las sociedades administradoras de cartera de recursos previsionales”.

La norma que comentamos al inicio, el artículo 30 de la ley Nº 20.403 posee similitudes de redacción con el artículo 34 B de la ley sobre AFC, y establece que se pide dicha información para “el ejercicio de sus funciones”, aclarando más tarde que “los organismos públicos antes señalados y su personal deberán guardar absoluta reserva y secreto de la información de que tomen conocimiento y abstenerse de usar dicha información en beneficio propio o de terceros”.

Son normas que delimitan el ámbito de acción, pero no establecen con claridad cuál es el objetivo de la existencia y resguardo de una base de datos con la información de los afiliados al sistema previsional.

En Chile todavía está vigente el recuerdo de lo sucedido con la información electoral antes de la reforma a la ley sobre el Servicio Electoral, donde la normativa original tenía una formulación tan amplia que hizo entender a la entidad que podía vender las bases de datos a instituciones comerciales, como en efecto sucedió.[3]

En el fondo, situaciones como éstas son las que llaman la atención a los ciudadanos y parlamentarios, el riesgo que, de no haber una regulación clara sobre la existencia y fines de los registros de datos en entidades públicas (como también en privadas) y de cómo se comunica la información, ésta pueda llegar a manos de instituciones que le den un uso distinto en desmedro de los derechos de las personas.

También, es indudable que el ambiente de crispación producido por la crisis política y social que afecta al país desde octubre de 2019, amplifican situaciones como éstas que, en otras circunstancias, habrían provocado un escándalo de menor entidad, pero no menos importante, y con consecuencias políticas más acotadas, sin pensar siquiera en una acusación constitucional contra el ministro del ramo.

El asunto, además, presenta otro cariz: lo que pidió el Ministerio de Hacienda fue el RUT (Rol único Tributario) de las personas que efectuaron los retiros en vez de una información anonimizada, que sería lo lógico para hacer los estudios que dicha cartera alega para cumplir con sus funciones. Esto fue destacado tanto por Jessica Matus, directora de la Fundación Datos Protegidos[4], como por Alfredo Díaz, presidente de la especialidad de computación e informática, del Colegio de Ingenieros de Chile A.G.[5] En suma, la información entregada debía ser del tipo estadístico y no una referida a datos nominativos, lo que se logra cuando se entrega el dato con el RUT.

Por su parte, en una nota de prensa se expuso la argumentación de las entidades públicas en el sentido que la información sólo era requerida para la formulación de políticas públicas y sin ninguna otra finalidad.[6]

También, Matus remarcó un aspecto interesante: la ley utilizada para entregar la información, la Nº 20.403, corresponde a una de tipo miscelánea, es decir, una ley que aborda distintas materias como el reajuste de las remuneraciones de trabajadores del sector público, la concesión de aguinaldos y otros beneficios, es decir, una norma que no tenía por especial fin regular dicho traspaso de información, que debió ser lo que correspondía. Otro aspecto remarcado por Matus fue que la información no provenía directamente de entidades del sector público, sino de datos de fondos individuales privados, no siendo información pública propiamente.

Finalmente, Gloria de la Fuente, presidenta del Consejo para la Transparencia, entidad encargada de controlar el acceso a la información pública, señaló que se ofició al Ministerio de Hacienda para que informara el motivo de la solicitud efectuada, y si hubo o no vulneración de datos personales.[7]

Como se dice en jerga periodística, es una noticia en desarrollo, habiendo muchos aspectos a aclarar con tal de entregar una opinión definitiva de la materia.

Sin embargo, podemos ensayar una solución a este problema de dos maneras: o bien se efectúan las reformas a las leyes respectivas regulando los registros que las entidades deben poseer, estableciendo con claridad su finalidad y cómo esta información puede ser transmitida a entidades públicas y el manejo de parte de éstas; o bien, se establece una norma general para los órganos del Estado en cuanto a cómo tratar la información cuando proviene de entidades que tienen estos registros de datos.

Aunque la ley Nº 19.628 sobre protección de datos personales entrega un marco general aplicable, no es menos necesario establecer reglas comunes para el manejo de la información de parte del sector público como, asimismo, en aquellos casos en que entidades privadas manejan datos de trascendencia de las personas, determinando claramente la existencia del registro, su finalidad y la forma de entrega a las entidades estatales, siendo el caso de la ley 19.728 un buen ejemplo.

Como vemos, aún falta mucho por avanzar en el derecho chileno.

*Las opiniones expresadas en este artículo son del autor y no reflejan necesariamente el punto de vista de los administradores del blog The Crypto Legal ni de la asociación Lawgic Tec

[1] Diario El Mercurio de Santiago. 6 de noviembre, página B5; y 7 de noviembre, página B6.

[2] Diario Oficial de 30 de noviembre de 2009.

[3] Artículo 98.- El personal del Servicio Electoral deberá mantener absoluta reserva acerca de los antecedentes o documentos que conozca en el cumplimiento de sus labores, sin perjuicio de las publicaciones que deban efectuarse y de las informaciones que pueda proporcionar dicho Servicio en conformidad a la ley (versión original de la ley).

[4] Sitio Web The Clinic, específicamente https://www.theclinic.cl/2020/11/06/fundacion-datos-protegidos-sobre-informacion-personal-de-retiro-de-fondos-entregada-a-briones-contraloria-debera-determinar-si-fue-ilegal-o-no/ (consultado 8.11.2020).

[5] Diario El Mercurio de Santiago. 6 de noviembre. Página A2.

[6] Diario La Tercera. 8 de noviembre. Pulso, páginas 4 y 5.

[7]Sitio Web Consejo para la Transparencia, específicamente https://www.consejotransparencia.cl/presidenta-del-cplt-detalla-que-oficio-al-ministerio-de-hacienda-busca-conocer-razones-por-las-cuales-se-esta-pidiendo-informacion-personal-para-fines-estadisticos/ (consultado 10.11.2020).

- Aviso Publicitario-
Manuel Vergara Rojas
Abogado. Licenciado en Ciencias Jurídicas en la Universidad de Valparaíso, Chile (Estatal). Actualmente se desempeña como Docente en la Carrera de Derecho, Sede Viña del Mar de la Universidad de Las Américas y ayudante en la Carrera de Derecho en la Universidad Andrés Bello, Sede Viña del Mar, en el área de Derecho Público e Historia del Derecho. Ha publicado tres libros y artículos científicos en materia de derecho público, informático e historia de la enseñanza del derecho.

Similares

1,919FansMe gusta
443SeguidoresSeguir
87SeguidoresSeguir

Suscríbete

*Todos los campos son requeridos
es Spanish
X