Contratación digital: entrevista a María del Carmen Yuta, socia de Vodanovic Legal

Dada la realidad que vivimos, donde la revolución digital está cada vez más presente no sólo para favorecer el acceso a productos o servicios sofisticados, sino también para facilitarnos la realización de actividades diarias, como, por ejemplo, hacer compras en supermercados o acceder a hospedaje, resulta importante preguntarnos qué aspectos deben ser necesariamente garantizados en aras de seguir contribuyendo con el “crecimiento del comercio electrónico”, sin poner en riesgo el interés de todos nosotros “usuarios” y la confianza en el uso de estas tecnologías para mejorar la experiencia usuario a costos realmente menos onerosos. 

Según cifras de la Sociedad de Comercio Exterior (Comex-Peru)[1], el comercio electrónico en Perú alcanzó un crecimiento del 47% desde 2013 hasta el cierre de 2018, mientras que el gasto fue de US$ 1,700 millones en 2013 y llegó a US$ 2,500 millones al finalizar el mismo periodo. Todo indica que estas cifras potenciarán aún más esta actividad, siendo el 2019 un año clave para el apogeo del e-commerce en el Perú. Lo expuesto nos lleva a considerar que, cada vez es más cercana una realidad en la que la contratación de todos los productos y servicios que uno puede imaginar puede ser llevada a cabo a través de canales electrónicos o digitales, dejando de lado el proceso engorroso de contratación presencial que, no hace muchos años, dilataba tremendamente la atención de necesidades diversas.

En el marco de dicho escenario, cobra un papel importante definir qué aspectos legales y no tan “estrictamente legales” deben ser analizados por las autoridades competentes en el Perú, en aras de salvaguardar una contratación “segura y confiable” que permita a los diversos agentes en el mercado -no solamente empresas del sistema financiero autorizadas por la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS)- contribuir de manera efectiva con la profundización y expansión de los servicios financieros, convirtiéndolos -sin obviar sus particulares características- en servicios cotidianos de acceso inmediato para todos los “usuarios” en el mercado, y no solo un sector atomizado en nuestro país. 

En línea con ello, hemos realizado una entrevista a la experta en contratación de servicios financieros y socia de Vodanovic Legal, María del Carmen Yuta, quien absolvió una serie de dudas asociadas justamente al impacto de la tecnología en la contratación de servicios tan importantes como los financieros.

1) Nos encontramos ante una realidad que evidencia cada vez más el uso de la tecnología para mejorar servicios de diversa índole, incluyendo como parte de éstos a los servicios financieros y, con ello, la experiencia del usuario. En dicho contexto, ¿qué aspectos legales considera usted no deben de omitirse durante la contratación digital?

Un aspecto que no puede omitirse durante la contratación digital es la necesidad de garantizar al usuario, y contratante en general, seguridad en la realización de sus transacciones. En el ámbito de los servicios financieros, se ha regulado la necesidad de que las empresas de servicios financieros supervisadas por la SBS gestionen adecuadamente su riesgo operacional, el cual incluye aquellos riesgos asociados a la tecnología de la información. Sin embargo, la normativa especial SBS sobre la materia no establece condiciones específicas ligadas a la seguridad digital.

Lo anterior, nos lleva a concluir la necesidad de que, en la contratación digital de servicios de diversa índole, incluidos los financieros, se tomen en cuenta aspectos legales asociados a la ciberseguridad, ya sea a través de lineamientos, estándares o una regulación especial sobre la materia, como condición necesaria para generar confianza entre los usuarios sin afectar la experiencia de estos últimos en un contexto digital.

2) ¿Cuáles cree que han sido los principales impedimentos que enfrenta el Perú para equiparar la regulación de otros países en cuanto a contratación digital?

Perú es un país que goza de un porcentaje de informalidad importante en la realización de transacciones comerciales en general. El uso del efectivo es una práctica muy habitual y generalizada en la población peruana, lo cual puede significar un obstáculo importante en el desarrollo de la contratación digital en general respecto de otros países, incluso de la región, tal es así que no se evidencian, por ejemplo, hasta el momento iniciativas regulatorias que se hayan podido concretizar orientadas a regular el comercio electrónico.

En este contexto de informalidad, el Estado ha dictado medidas orientadas a promover la formalización de la economía a través del uso de medios de pagos en las transacciones de bienes y servicios que superen un cierto umbral.  La limitación se advierte en el uso de los medios de pagos legalmente reconocidos, pues éstos necesariamente involucran la participación de empresas de servicios financieros supervisadas por la SBS, dejándose fuera al resto de agentes financieros capaces de ofrecer servicios de pagos y/o transferencias (ej. pasarelas de pago).

De este modo, la alta concentración de la oferta de servicios de pagos en determinados agentes financieros, y la falta de una regulación promotora de una efectiva competencia en el mercado de pagos, constituyen un obstáculo importante en Perú para el desarrollo de la contratación digital; a diferencia de otros países, donde se fomenta una infraestructura de pagos abierta como elemento integrador del mercado y  robustecedor de las industrias (es el caso de la Regulación a nivel de Unión Europea (UE), tales como PSD2 y la Instant Payment -SEPA).

Sumando a lo anterior, Perú cuenta con escasa regulación aplicable a los procesos de identificación de identidad digital y onboarding. Por el lado de los servicios financieros existen ciertas disposiciones orientadas a exigir el uso de factores de autenticación para verificar la identidad y dejar constancia del consentimiento de los usuarios en un contexto de contratación digital; sin embargo, las barreras legales y económicas asociadas al uso de la firma digital seguramente dificultan su proliferación, a diferencia de los países de la UE, donde se apuesta por un proceso de onboarding  simple, seguro y completamente digital a través de la promoción de un entorno europeo único, esto es válido en todos los países de la UE- para las firmas electrónicas y terceros proveedores de confianza digital (Reglamento eIDAS).

3) Hemos visto que países en Europa y Asia lideran grandes transformaciones en cuanto a la implementación de la tecnología en sus relaciones comerciales para el acceso a productos o servicios financieros, nos podría comentar cuáles cree usted son los principales beneficios de dicha transformación, a partir de su experiencia en Italia.  

El beneficio de mejorar la experiencia usuario es sin duda el principal. La transformación digital y el uso de la tecnología para el acceso a productos o servicios financieros ha colaborado decisivamente en reforzar el rol de la banca centrada en el cliente, y en construir una relación cada vez más estrecha con él y una experiencia digital personalizada.  Los ejemplos de experiencias que se pueden verificar en Europa en relación a este nuevo rol de la banca son variados.

Un ejemplo son los Neo banks, bancos que apuestan por la tecnología en su operatividad, ofreciendo servicios financieros similares o mejores que los de la banca tradicional, pues lo hacen de forma automatizada (más rápida, a menores costos) alejándose del uso de canales tradicionales. En Italia, un caso interesante de mencionar es el de Che Banca que ofrece cuentas digitales gratuitas, apostando por una experiencia usuario “digital”.

Otro ejemplo es la obligatoriedad, en Europa, por ejemplo, de interactuar dentro en un ecosistema API por parte de los agentes financieros.  El uso de APIs abiertas y conectadas mejora la productividad y eficiencia de los servicios financieros, enriquecen la experiencia de los usuarios y permiten generar ecosistemas dinámicos expresados en nuevos servicios financieros.

4) Cada vez somos testigos de la incursión de un mayor número de empresas Fintech en el mercado peruano, cuál cree usted que son las ventajas que tienen hoy dichas empresas en comparación con aquellas que son supervisadas por la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS). Considera usted que es necesario implementar un marco normativo específico para las actividades realizadas por éstas.

Las ventajas que por el momento gozan las empresas FinTech es que carecen de una regulación específica que cumplir, pues no existen disposiciones especiales que les resulten aplicables debido a sus particulares características. Esto no significa que no se sujeten a ningún tipo de regulación, pues existe legislación transversal que les alcanza (normas de protección al consumidor, normas de prevención del delito de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, legislación en materia de protección de datos personales, etc.).

Algunas de las ventajas que por el momento gozan las empresas FinTech es, por ejemplo, la ausencia de requisitos prudenciales exigibles en función a los riesgos asociados a sus actividades. Considerando el componente tecnológico que está detrás de los diferentes servicios financieros que prestan tales empresas, el riesgo operacional ligado al uso de la tecnología digital, incluyendo los riesgos en materia de seguridad de la información digital, es una brecha regulatoria importante del que gozan las empresas FinTech, pues no se han ideado al momento parámetros mínimos de control. Otro ejemplo es la ausencia de exigencias en materia de capital mínimo y/u otros mecanismos de respaldo que puedan servir de garantía en casos de pérdidas financieras.

Por su parte, en lo que respecta a normas de conducta, la regulación aplicable a las empresas supervisadas resulta mucho más estricta en términos de transparencia y gestión de reclamos respecto de la normativa general que les alcanza a las empresas FinTech.

5) Finalmente, cuáles otros aspectos -no legales- cree que deben ser mejorados, implementados o atendidos por el gobierno peruano para alcanzar mayores índices de contratación digital, principalmente, en aras de atender las necesidades de sectores predominantemente desatendidos en nuestro país.   

Un aspecto no legal que en mi opinión resulta decisivo es el rol de la infraestructura digital y la conectividad como elementos determinantes para mejorar el acceso a los servicios digitales en general, incluidos aquellos de naturaleza financiera, especialmente en aquellos sectores desatendidos del Perú donde el nivel de inclusión financiera es muy bajo aún.

Esta brecha importante a nivel de tecnología exige un accionar conjunto entre el sector público y privado. Público porque corresponde al Estado mejorar la infraestructura tecnológica y la conectividad que nos permita acercar la tecnología a la mayor cantidad de peruanos. Privado porque son las empresas las que deben transformar su cultura para subirse a la ola digital, lo cual no significa digitalizar sus operaciones. Significa cambiar la manera de pensar, dirigir y trabajar, para dar valor a sus servicios.

Paralelamente, el impulso de la industria Fintech constituye un aspecto adicional que contribuye con mejorar como país los niveles de competitividad en el uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) para brindar servicios.


[1]       Ver: https://www.america-retail.com/peru/peru-cifras-proyectan-el-apogeo-del-e-commerce-este-2019/

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Erika Rios
Erika es abogada por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Cuenta con experiencia en asesoría regulatoria bancaria y transacciones financieras, principalmente en financiamientos con entidades financieras locales y extranjeras. Actualmente trabaja en Vodanovic Legal, estudio jurídico experto en temas de derecho financiero. Se especializa en Regulación Bancaria y Fintech.

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